Habitualmente –aún desde sectores que dicen representar los intereses de las clases populares- se aborda el análisis del sistema previsional desde el punto de vista financiero y contable, es decir, a partir de la relación existente entre los aportes y contribuciones de los trabajadores activos y los recursos disponibles para el pago de las pasividades y en última instancia, la sustentabilidad del sistema en términos de cantidad de trabajadores alcanzados por el derecho previsional y la posibilidad de perdurar.

 Los resultados de esa aventura matemática conducirán invariablemente a conclusiones perturbadoras que colisionan dramáticamente con nuestras posiciones ideológicas y concepciones políticas.

 La previsional, como todas las políticas tendientes a garantizar los derechos de los trabajadores y las mayorías populares (lo cual es lo mismo), debe ser vista desde una perspectiva política, con una irrenunciable postura solidaria de clase.

 Además, estas cuestiones deben ser tratadas desde su historicidad a riesgo de aislar o recortar una parte del proceso con lo que, una vez más, nos conducirá a conclusiones desafortunadas y divorciadas de nuestros propios intereses y necesidades. 

 Entonces, diremos que el sistema previsional fue creado para otorgarle cierta continuidad al ingreso salarial de los trabajadores que por su condición física o mental, por la edad avanzada u otras circunstancias deban dejar de trabajar. Es decir, que cuando ya no pueden trabajar más exista un instituto que le garantice el derecho a continuar percibiendo un haber que guarde una adecuada relación con el salario que deja de percibir, de allí el mítico y nunca bien comprendido ni explicado 82%.

 A partir de esa premisa se crearon las “cajas previsionales”, organismos recaudadores de un porcentaje determinado del salario de los trabajadores activos más una contribución patronal que van a reunir una suma destinada a pagar los haberes de los trabajadores que dejan la vida activa.

Pues bien, en un esquema de pleno empleo, trabajo registrado en su totalidad y baja o nula evasión, el sistema funcionaría casi sin sobresaltos. Con pequeños ajustes (con perdón de la palabra) periódicos, esta situación ideal (pensada por el keynesianismo y las grandes socialdemocracias europeas) se hace sostenible en el tiempo siempre y cuando el número de trabajadores activos se mantenga proporcional al de quienes están jubilados. Algunos “contables” entienden que esa relación debe ser de cuatro a uno.

Pero ¿qué ocurre cuando arrecian los despidos, los cierres de fábricas, las exenciones a las contribuciones patronales, en fin, avanza el paradigma neoliberal?, el sistema entra inmediatamente en crisis. De allí la solución pinochetista de las Administradoras de fondos de pensión (AFP) que fue un modelo pionero a escala global de aniquilación de los sistemas jubilatorios estatales, solidarios e intergeneracionales.

Aquí, la dupla Menem-Cavallo, pergeñó en 1994, un sistema mixto que implicó la destrucción del régimen previsional en función de que cuando el sistema deja de ser estatal, solidario e intergeneracional ya no es más un sistema previsional. Y esto no es un problema semántico, es una definición política.

Asimismo, una vez liquidados los activos nacionales (ferrocarriles, YPF, Aerolíneas, etc.) el mercado de capitales, la rapiña financiera internacional reclamaba más recursos reales. Y allí estaba el salario de los trabajadores para satisfacer el apetito de los buitres.

A fines de 2008, el gobierno de Cristina Fernández recuperó los aportes de los trabajadores de los grandes grupos financieros transnacionales convertidos en las célebres AFJPs. Medida nada despreciable y que no deberíamos minimizar en función de que se recuperó el sistema, con todo lo que ello implica.

A partir de allí, se aborda un nuevo paradigma previsional: se avanza en la universalización del sistema, alcanzando más del 97% de los trabajadores en condiciones de acceder al derecho jubilatorio.

Es importante resaltar que las AFJPs en sus casi 15 años de existencia reunieron cerca de $ 93.000 millones. Cuando el Estado nacional rescata esos activos crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que a fines de 2014 alcanzaba casi los $ 500.000 millones.

Cabe destacar que el FGS está constituido principalmente por activos financieros (bonos) y acciones de empresas que ingresaron al negocio de las AFJPs, como por ejemplo: el Grupo Clarín, y como su nombre lo indica, constituye un reaseguro a futuro frente a los avatares que puede sufrir el sistema con motivo de algún desajuste contable del tipo que describimos aquí.

Pues bien, el actual gobierno de inocultable procedencia y pertenencia neoliberal, está liquidando ese fondo con la excusa de la “reparación histórica”, que nada tiene de reparación y mucho inviste de desastre histórico.

Sin duda este proceso continuará hasta el completo desfinanciamiento del sistema y si, como dijéramos, el desarrollo continuo y constante de las políticas de despidos y precarización del trabajo terminarán por destruir el sistema previsional que fue recuperado en 2008, dando lugar nuevamente al modelo pinochetista –esta vez, suponemos- totalmente privado. Un régimen de capitalización privado que nada tiene que ver con un sistema previsional.

En síntesis, se destruye el sistema estatal, solidario, intergeneracional, universal y sustentable por una administración de nuestros aportes obligatorios con la promesa de una retribución improbable.

No existe en el mundo (salvo en Chile, México, Nigeria y Kosovo)[1] semejante despojo al salario y a los derechos de los trabajadores.

 



[1]  Son países que poseen sólo un sistema de capitalización privado. También podemos señalar que Perú y Colombia tienen sistemas mixtos. Basta ese dato para establecer un vínculo con los Tratados de libre comercio como el denominado “Transpacífico”, esquema en el que el gobierno nacional intenta ingresar. Polonia, Rumania y Bolivia volvieron al sistema estatal solidario luego del quiebre de los sistemas privados. El pasado 4 de noviembre en Chile, se registraron enormes movilizaciones de trabajadores en contra de las AFPs y por un sistema estatal y solidario. 

 Beto Lanatti (trabajador previsional)