En la carta de intención que el gobierno nacional suscribió ante el Fondo Monetario Internacional, con la finalidad de que fuera aprobado el crédito stand by, señala entre muchas otras cosas que nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga del 3,2% del PBI al 2,7% al final del programa. Esto supone un enorme recorte en salarios lo que, evidentemente, se traducirá en despidos de trabajadorxs estatales.

La salvaje expulsión de más de 350 trabajadorxs de la agencia de noticias estatal TELAM, no sólo se inscribe en este contexto de ajuste exigido por el organismo internacional, sino que como efecto buscado y premeditado, avanza sobre el sistema de medios de comunicación públicos. Es decir que, en cumplimiento de la carta de sumisión se despiden trabajadorxs, pero por otra parte se embiste de manera brutal contra las instituciones comunicacionales y periodísticas del Estado.

A lo desgarrador y siniestro que implica el hecho mismo del despido y la metodología adoptada para tal fin -el telegrama al domicilio o incluso depositando la suma correspondiente a la indemnización en la "cuenta sueldo" del/la trabajadxr en el mismo instante en el que se disputaba el partido de la selección argentina contra la nigeriana en el Mundial de fútbol de Rusia el martes 26 de junio- no podemos dejar de destacar que esto se inscribe en un proceso de mayor alcance, cual es el de la destrucción total del aparato comunicacional público.

Con los manoseados argumentos de la reestructuración y la profesionalización del plantel de personal de TELAM, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, justificó el espanto diciendo que hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos. Los ciudadanos porque recibirán de la agencia TELAM información objetiva, veraz e independiente. El periodismo porque podrá desplegar, sin presiones ni chantajes, su noble oficio

Semejante vileza discursiva sólo puede contrastarse con una realidad que muestra cómo en los medios públicos se vienen silenciando voces y expulsando profesionales desde el 10 de diciembre de 2015.

La finalidad de este proceso no se explica sólo por la necesidad de construir un relato afín a los intereses de este gobierno, sino también, para eliminar definitivamente la posibilidad de contar con medios de comunicación que puedan confrontar con el discurso de los grandes medios de comunicación concentrados. Lejos de ser una herramienta útil para el propio gobierno, los medos públicos son un obstáculo para los negocios del oligopolio mediático privado. Negocios de los que los funcionarios macristas son subordinados, aliados o socios en el mejor de los casos.

En definitiva, desde nuestra organización repudiamos el despido de lxs compañerxs de la agencia estatal, exigimos que el Poder Legislativo asuma su rol en el sentido de evitar el vaciamiento de los medios públicos y acompañamos a lxs trabajadorxs en la lucha por conservar sus puestos de trabajo.

 

 Beto Lanatti