Desde hace semanas hemos estado realizando Asambleas en la Casa de Gobierno con el objetivo de informar y construir un plan de lucha en contra del pedido de inconstitucionalidad que interpuso la Fundación Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) contra el Acta Paritaria correspondiente al año 2015, en la que se disponía el pase a planta permanente de trabajadores precarizados en la modalidad de contratos de locación y planta temporaria.

Ese planteo al que aludimos incluye también, el proceso de titularización de lxs trabajadorxs de la educación en condiciones de inestabilidad realizando suplencias en cargos vacantes.

El argumento esgrimido por la CLADH es que este procedimiento de pase a planta a través de la negociación colectiva, estaría violando el principio de idoneidad para el ingreso a la función pública dispuesto por el artículo 30º de la Constitución Nacional, principio que es receptado por la Constitución de la Provincia de Mendoza en su artículo 10º. (1) 

El Estatuto del empleado público sancionado por Decreto/ley Nº 560 de 1973, en sus artículos 3º y 4º señala que todos los nombramientos de personal comprendido en el presente estatuto invisten carácter permanente y además, que todo nombramiento de carácter permanente origina la incorporación del agente a la carrera, la cual está dada por el progreso del mismo dentro de los niveles escalafonarios. (2)

Por otra parte el artículo 4º de la ley 5126, denominada "Estatuto del empleado público", establece que el ingreso (del/la trabajadxr) se efectuará cuando se realicen los concursos, de acuerdo con las condiciones establecidas por los respectivos regímenes en vigor. (3)

Pues bien, estos argumentos jurídicos pueden dar lugar a interpretar que ningún trabajadxr puede ingresar a la función pública sin antes transitar por un concurso cual será el que determine la idoneidad  de la persona para el ejercicio del empleo estatal.

Aquí nos encontramos con la primera inconsistencia del planteo de la oscura organización y es la ambigüedad del principio de idoneidad

¿Cuándo un/una trabajadxr se considera idóneo para el ejercicio de la función pública?¿sólo cuando ha resultado ganador de un concurso de ingreso? y ¿qué pasa cuando el empleador no implementa un régimen de concursos?¿quién debería ser sancionado por generar contratos basura y empleo clandestino mediante la modalidad miserable del contrato de locación?

Pero sucede que la Constitución Nacional -al menos el artículo que nos ocupa- data de 1853. El artículo 10º de la Constitución Provincial permanece inalterable desde hace 102 años. 

El Estatuto del Empleado Público es de 1973 y la ley 5126 es de 1985.

¿A dónde queremos llegar con este relato cronológico de la normativa referida al ingreso a la Administración Pública Provincial?, al punto crucial que hace a nuestra condición jurídica como trabajadorxs y el derecho a la negociación colectiva y que constituye la segunda endeblez de la parte demandante.

Decimos ésto último en virtud de que toda la legislación mencionada es anterior a la ley 23.328 de 1986 que vino a ratificar el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, de la que el Estado Argentino es parte, que nos otorga a los calificados antiguamente como "servidores públicos" el status de trabajadorxs con derecho a sindicalizarnos, participar en asambleas y ejercer el derecho a huelga.

Pero además, el 1988 se sanciona la ley 23.544 que convalida el Convenio 154 de la OIT de fomento de la negociación colectiva especialmente para lxs trabajadorxs estatales, antes excluidos del régimen paritario por las razones que ya habíamos señalado aquí.

Es decir que, las premisas que arguye esta sospechosa y cuestionable organización en su pedido de inconstitucionalidad, pasan por alto deliberadamente el avance de los derechos laborales que hemos conquistado lxs trabajadorxs y, en nuestro caso, lxs estatales.

Es en este contexto en el que se produce la demanda por inconstitucionalidad de un acuerdo paritario homologado, lo que lo convierte en ley de cumplimiento obligatorio para las partes.

Evidentemente, esto obedece a una maniobra urdida desde el cuarto piso de la Casa de Gobierno y se inscribe en el modelo de ajuste que llevan adelante desde el gobierno nacional y del que es pionero y arquetipo el gobierno de Cornejo.

Con esta metodología abominable, no sólo se ponen en peligro más de 10.000 puestos de trabajo y horas docentes titularizadas, sino que derribaría de un plumazo toda esa construcción de derechos obtenidos con la lucha de miles de trabajadores y, por si fuera poco, invocando un principio constitucional se avanzaría sobre otro cual es el de la estabilidad en el empleo público. Implicaría -de prosperar el recurso- un retroceso descomunal en la legislación laboral colocando a la clase obrera un siglo hacia un pasado infame de abuso y explotación.

Con la lucha y la unidad de lxs trabajadorxs hemos logrado detener el dictado del fallo en plenario de la Corte provincial, lo que ya constituye una pequeña victoria pero, a no dudarlo, éste gobierno necesita aniquilar el régimen paritario para avanzar en su política de desocupación, entrega, endeudamiento y miseria para el pueblo trabajador y allí sólo nos espera un porvenir de lucha, unidad y compromiso.

 Beto Lanatti

 

 

(1) Constitución Nacional

Art. 30º - Todos los argentinos son admisibles a los empleos públicos de la Provincia, sin otras condiciones que su buena conducta y capacidad, en todos aquellos casos en que esta Constitución o la ley no exijan calidades especiales. La remoción del empleado deberá obedecer a causa justificada, y se dictará una ley especial que rija en materia de empleo, su duración, estabilidad, retribución y promoción o ascenso. 

Constitución de la Provincia de Mendoza:

Art.10- El ingreso a la función pública se hará previa acreditación de la idoneidad. Son además requisitos indispensables: ser argentino, salvo caso de excepción cuando determinados tipos de actividades así lo justifiquen; poseer condiciones morales y de conducta; y aptitud psicofísica para la función a la cual aspira ingresar. El personal permanente ingresara por el nivel inferior del agrupamiento correspondiente, salvo que deban cubrirse puestos superiores y que no existan candidatos que reúnan las condiciones requeridas una vez cumplidos los procesos de selección pertinentes.

(2) Decreto/Ley 560/73

1 - Personal permanente Art.3- Todos los nombramientos de personal comprendido en el presente estatuto invisten carácter permanente, salvo que expresamente se señale lo contrario en el acto de designación. Art.4-  2 - Personal no-permanente. Art.5- El personal no-permanente comprende a: a) Personal de gabinete. b) Personal temporario.

(3) Ley 5126

Articulo 3.- el ingreso a este escalafón se hará previo cumplimiento de las condiciones establecidas por el estatuto del empleado público y de los requisitos Particulares que para cada agrupamiento se establecen en el presente.-

Articulo 4.- el ingreso se efectuara cuando se realicen los concursos, de acuerdo con las condiciones establecidas por los respectivos regímenes en vigor.-