LA SUPREMA CORTE DECLARA INCONSTITUCIONAL LA PRETENSIÓN DEL GOBIERNO DE REGLAMENTAR EL DERECHO DE REUNIÓN DE LOS ESTATALES

El pedido de inconstitucionalidad había sido elevado a la Justicia por el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) ante el intento del Gobierno de restringir la participación en asambleas, sancionar al personal que participa e incluso descontarle el sueldo.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia, corrigiendo la Sentencia dictada por la Cuarta Cámara del Trabajo, declaró inconstitucional en casi su totalidad la Resolución N°129/16 emitida por el Ministerio Gobierno y Justicia de la Provincia de Mendoza. Lo hizo priorizando «el Principio de Libertad Sindical y el pleno goce de la facultad de desarrollo interno de las instituciones gremiales». La resolución del Gobierno pretendía, solapadamente, reglamentar el Derecho de Reunión y Asamblea de las asociaciones sindicales que agrupan a los empleados públicos.

La sentencia de la Suprema Corte, al referirse a que la asociación sindical debe tener la exigencia de comunicación por escrito, y de anoticiar en forma fehaciente al Gobierno la realización de cualquier asamblea, expresa que «sólo se avizora una intervención ilegítima en la autorregulación interna de los gremios».

Además, agrega: «El Comité de Libertad Sindical tiene dicho que: “…Las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones de trabajadores y de empleadores entrañan graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de que su adopción fuera considerada indispensable por las autoridades, estas disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados…”».

 

Duración y lugar de las asambleas

La Corte sostiene que el propio sindicato podrá establecer la duración de las asambleas, cuidando de que esta resulte «razonable» y que, dentro de las posibilidades, no supere el porcentaje antedicho, lo que de ninguna forma importa una imposición, como tampoco lo es la oportunidad de realización («preferiblemente»).

El artículo 1°, último párrafo, otorga atribuciones a la autoridad para asignar el lugar físico donde deberá tener lugar el acto. Al respecto, la Corte sostiene que este precepto supone un «exceso reglamentario que podría frustrar el libre ejercicio del derecho involucrado». Y agrega: «En efecto, posibilitaría la celebración en un espacio ínfimo, insalubre, inadecuado e, inclusive, que no resguarde la intimidad de los trabajadores ahí reunidos, lo que atentaría contra la libertad sindical».

Desde la óptica contraria, si por estos motivos u otros, los trabajadores decidieran realizar la asamblea “extra muros”, de forma tal de no requerir la anuencia de la autoridad, las inclemencias climáticas –entre muchas otras variables– podrían colaborar con el fracaso de la convocatoria.

Por lo tanto, los trabajadores autoconvocados deberían poseer el derecho de elegir el lugar donde celebran sus reuniones informativas, sin mayores limitaciones que la Constitución Nacional.

 

Necesidad de comunicar al empleador

La iniciativa del Gobierno pretendía fijar la obligación, a cargo de cada trabajador, de comunicar a su jefe inmediato que concurrirá a la asamblea o reunión, cuando sea en horario de prestación de servicios.

La sentencia de la Corte sostiene que ese precepto carece de razón de ser. Máxime, si se memora que en el artículo 1° se exige que sea el delegado de personal quien comunique la convocatoria y, mediante el artículo 2°, se pone en cabeza del funcionario de recursos humanos o del «superior jerárquico de la oficina» la adopción de las medidas necesarias para que el servicio sufra el menor efecto posible frente a la asamblea.

 

Descuento de haberes, también inconstitucional

La sentencia de la Corte también se expide sobre la pretensión del Gobierno de regular el tiempo de las asambleas y de descontar haberes a quienes participan en ellas.

En este sentido, menciona: «Por tanto, en función del artículo 28 de la Constitución Nacional, corresponde declarar la inconstitucionalidad del párrafo 4° del artículo 3°, Anexo a Resolución 129/16, el cual dice: “Si la duración de la asamblea supera el cincuenta por ciento (50%) de la jornada normal habitual, se procederá a descontar el día al personal que no se haya reintegrado en el lapso fijado”».

 

Prensa SITEA, 12 de abril de 2018