Las paritarias en baja firmadas por ATE (en Salud y Administración Central) y UPCN (Administración Central) en los últimos dos años, en cómodas cuotas y por debajo de los índices de inflación (INDEC-DEIE), merecen un análisis pormenorizado. Esto, para profundizar los caminos de la unidad que en estos últimos meses se dieron con movilizaciones masivas en contra de la política de ajuste de Macri-Cornejo y de su demonización de los sectores movilizados.

Desde que asumió Cornejo (fines de 2015), con una clara postura anti-trabajador estatal, ATE, a través de su secretario general, Roberto Macho, firmó tres paritarias en baja, por debajo de la inflación. Además, retrocedió respecto del régimen de concursos con una nueva reglamentación a medida del gobierno que le permitió hacer propaganda de los concursos como si fueran transparentes. Ante todo esto, que los números hablen:

  • En diciembre de 2016, ATE aceptó la estrategia de Cornejo de abrir el juego paritario antes de 2017 adelantándose a las pautas inflacionarias y firmó para Desarrollo Social y Salud una paritaria de aumento salarial del 17%, en dos cómodas cuotas no acumulativas del 10% en febrero y el 7% en julio (aumento real anualizado del 14,08 %).
  • Para calmar los ánimos de los estatales, el gobierno quiso compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en 2016 con el pago, en enero de 2017, de un miserable bono de fin de año en negro (de $2.000 y de $ 1.000, en función de la escala salarial).
  • En febrero de 2017 se firmó el mismo porcentaje del 17% en dos tramos  (no acumulativos) para la Administración Central, con una cláusula gatillo para el último trimestre que, llegado el momento, no cumplieron y la sustituyeron por el pago, nuevamente, de un bono en negro. Con el aval de ATE y UPCN, no se respetó el hecho de que las cláusulas gatillo deben ser sobre el salario en blanco y significar un aumento remunerativo y bonificable.
  • La propuesta firmada en baja, una vez más, no se consultó con las bases de ningún sector, ni con asambleas ni con votación directa de los estatales. Con un aumento real del 14,08% y una inflación registrada en 2017 de 26,80% (datos de la DEIE), los estatales sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del 13,72 % promedio al final de año.

Cornejo logró imponer un techo salarial al conjunto de los estatales y docentes y negó la posibilidad de reabrir la paritaria. En este cuadro de acciones, Macho sí firmó paritarias en baja, colaborando con la desorganización y sembrando una fuerte desconfianza en el resto de los trabajadores estatales. El Gobierno se valió de estas actitudes para legitimar su política salarial de recorte. El subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez se presentó como el artífice de estos acuerdos, en baja, con los sindicatos: “Planteamos premisas claras. No negociamos pases a planta ni ascensos y avanzamos con los concursos. Tampoco negociamos el descuento de los días de paro”. Apareció así Suárez como un “héroe” y flameando la bandera del éxito político.

Continuando con esta línea, Cornejo tuvo un fin de 2017 con menos preocupaciones: a la aprobación del Presupuesto 2018 conseguida, se sumó que ATE y UPCN aceptaron la propuesta paritaria del Ejecutivo provincial. Algo inédito, teniendo en cuenta la pérdida salarial de los estatales respecto de la inflación, con la consecuente suba de los servicios, combustible, alimentos y transporte.

La oferta del Gobierno fue de un incremento salarial del 15,7% para 2018 a cobrar en tres tramos no acumulativos, con una cláusula gatillo para ser “revisada” a fin de año, y un bono en negro y por única vez de $7.000 para compensar el desfasaje inflacionario del 2017. Aceptar un bono ni remunerativo ni bonificable como cláusula gatillo es de tal gravedad que deja librado al Ejecutivo el no cumplir con los  acuerdos firmados en paritarias, y con el aval de los sindicatos firmantesLa inflación “pronosticada” para este año es de 24%, con 3,7 % solamente de enero. Con un aumento anualizado de 8,95%, no hace falta sacar otras conclusiones.

La oferta de Cornejo fue aceptada por ATE, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad, Casinos, y el Tribunal de Cuentas.

Además, ATE celebró como un gran logro la firma de una modificación de la primera parte del  Convenio Colectivo de Trabajo que no representa ningún cambio significativo en relación con el ya firmado en 2008.

Cabe destacar que entendemos como parte del “acuerdo” de ATE en Salud la “Cuota Solidaria” del 3,5 % en dos cuotas aplicada a los/as trabajadores/as de Salud y Desarrollo social, lo cual incluye a todos/as los/as empleados de estos espacios “que no sean afiliados/as a ATE”, por lo que consideramos una cuota solidaria muy alta para la pérdida del poder adquisitivo de los/as trabajadores/as y, por otra parte, un manejo extorsivo para que los/as empleados estatales se afilien a ese sindicato.

Por otra parte, para sostener su representatividad de sindicato mayoritario que decide en las paritarias, ATE realizó afiliaciones compulsivas (con la complicidad del gobierno, que se hace el distraído) para justificar su mayoría, hecho que ya fue denunciado penalmente por nuestro sindicato.

Este breve recorrido por las claudicaciones gremiales ante el gobierno de turno nos lleva a afirmar que la unidad de los trabajadores tiene sus límites. Estos límites están dados por la dignidad de los trabajadores y por la coherencia (o incoherencia) de los dirigentes. Lo que el gobierno quiere hacer pasar por “diálogo”, “apertura” y “esfuerzo” no son más que imposiciones disfrazadas de propuestas paritarias, y contar con dirigentes traidores les viene como anillo al dedo.

El gobierno está resuelto a destruir la oposición gremial a como dé lugar para llevar a fondo el plan económico. A las dirigencias sindicales más poderosas las han maniatado bajo amenaza de carpetazos y cárcel; al resto los aprietan con posibles intervenciones, desfinanciamiento y otros artilugios. A los militantes de base combativos nos persiguen, nos aprietan, nos reprimen.

Cambiemos sigue firme en su política de recorte en el gasto público y achicamiento del Estado. Las reformas educativa, previsional y tributaria no son hechos puntuales sino que son un plan determinado destinado a cambiar la estructura económica y están en sintonía con la agenda que los sectores concentrados de la economía y los organismos de crédito internacionales le demandan al gobierno, que pone mucho esmero en cumplir. Mientras tanto, preparan el terreno para avanzar con algunas grandes privatizaciones que le quedaron pendientes al neoliberalismo en los años noventa.

El proyecto de ley de reforma laboral, hoy detenido, sigue latente.  Aparece en las negociaciones paritarias, con acuerdos a la baja y presiones a los dirigentes sindicales y afiliados a que renuncien a sus conquistas históricas con reformas a los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). En los casos más extremos, la extorsión es el congelamiento salarial. Ante este panorama, sólo se puede enfrentar, frenar y luego pasar a la ofensiva contra este gobierno desde un amplio frente programático gremial y político, con el único límite de no tener traidores a tu lado que terminen asesinando la esperanza de evitar la destrucción de nuestra patria.

Este tipo de comportamiento sindical no es casual. Aparece en este contexto como la correa de transmisión de los intereses del gobierno de Cambiemos y, por lo tanto, como el garante de un ajuste y una pérdida de derechos “ordenada”.


Sitea