Un fallo que reivindica la asamblea como integrante de las estrategias de deliberación y medidas de acción que, como derecho inalienable, corresponden a los trabajadores y sus organizaciones ejercer.

Hace unos días, más precisamente el 31 de mayo pasado, la Cuarta Cámara del Trabajo de la Provincia, emitió un fallo que dispone la anulación del la Resolución Nº 277/16 del Directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza.

Esa norma producida por un organismo del Estado Provincial y que sólo debía provocar efectos exclusivamente en ese contexto, disponía -entre otras cosas- que "los gremios deberán comunicar la realización de asamblea con una antelación mínima" de 48 horas, su duración no podrá exceder de una hora y se deberá garantizar la presencia "de un personal mínimo como guardia".

Como toda norma arbitraria y antiobrera, establece un castigo que implica el descuento salarial en caso de superar el límite de la hora establecida. Además, la Resolución dispone la zona en donde si se puede realizar la protesta y los lugares en los que "de ninguna forma pueda hacerse en la vereda de ingreso principal a nuestra sala de juegos". Por último "prohibe" la entrega de panfletos al público asistente a las salas del Casino.

La acción de Amparo fue interpuesta por la  Unión Personal de Juegos y Casino de Mendoza a la que la Cámara mencionada hizo lugar resolviendo a favor de los trabajadores del Instituto, la que en sus fundamentos expresa que no es necesaria la "autorización previa" para la realización de asambleas, tal como lo establece la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. Considera también que las asambleas pueden derivar en formas "irregulares" o "atípicas" de la huelga -argumento profusamente esgrimido por la patronal para limitar las asambleas- en consecuencia dice que " en estos casos resultan aplicables las previsiones que señalan la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a que dicha medida de acción sindical no cabe excluirla de la amplia protección que a la libertad de acción sindical le confieren la Constitución Nacional y los Convenios de la OIT" (el resaltado es nuestro), con lo que invalida la sistemática intención de limitar las asambleas considerando a éstas como "encubridoras" de un paro.

Respecto de la limitación temporal a la realización de asambleas, el fallo expresa que "la limitación de la asamblea a una duración de" una hora "no guarda una adecuada pauta de razonabilidad con el ejercicio del derecho sindical que se pretende reglamentar (...) pues, la pauta temporal debe quedar sujeta a la función que deba efectuarse en la asamblea (...) de manera alguna puede circunscribirse a un tiempo que no guarde una debida correlación con la importancia del acto deliberativo sindical".

Con referencia a la disposición de garantizar un personal mínimo "como guardia", los camaristas sostienen que fijar ese personal mínimo "constituye un exceso" toda vez que "no nos encontramos ante una actividad que sea calificable de servicio esencial o de servicio público de importancia trascendental". Recordemos que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos se ocupa de regular las actividades de las salas de juego y las apuestas (quiniela, hipódromo, etc.), no es la guardia de un hospital materno infantil.

Mención especial merecen los considerandos finales del camarista Leandro Fretes Vindel Espeche en lo relativo a los límites espaciales de la protesta. El mencionado señala que "importa precisar que los llamados 'actos públicos' o 'expresiones públicas' se enmarcan en las medidas de acción directa de las que puede disponer una asociación sindical a efectos de realizar actividades lícitas en defensa del interés de sus trabajadores", señalando la abstención de las autoridades, empleadores y toda persona física o jurídica de "limitar la autonomía de las asociaciones sindicales (...) nada más, ni nada menos, que el principio de autonomía de las asociaciones sindicales en fijar su plan de acción". Y para ir aún más lejos, equipara las acciones de los trabajadores a la libertad de expresión: "respecto de los actos públicos, dicha acción constituye una forma primaria de libertad de expresión, componente esencial de la sociedad democrática. La protesta, la disidencia o las formas de desobediencia civil son un patrimonio de la sociedad contemporánea y, en consecuencia, merecen la atención especial del Derecho Constitucional e integran el elenco de derechos humanos esenciales".

En síntesis, este fallo viene a reivindicar la asamblea como integrante de las estrategias de deliberación y medidas de acción que, como derecho inalienable, corresponden a los trabajadores y sus organizaciones ejercer. Equipara la libertad para realizar actos públicos, lo que nosotros conocemos como movilización, marcha, concentración; con el principio universal de la libertad de expresión.

Una victoria de lxs trabajadorxs. 

Ver el fallo en: http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=5485258146

 

Beto Lanatti