Una presentación judicial de SITEA denuncia aumentos salariales a la baja y violación de la Constitución Nacional. Además, señala que el magro aumento ni siquiera fue de 17% sino que se está pagando el 13%.

 El aumento que impuso el gobierno por decreto y a espaldas de los agentes públicos no solamente es inconstitucional sino que además no responde a la realidad, porque el aumento del 17% que figura en el acuerdo paritario es en realidad del 13%», afirmó Federico Lorite, secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA). «Estamos hablando –continuó– de que el 48 por ciento de los salarios estatales están por debajo de la línea de la pobreza».-

 

El Sindicato presentó ante la Justicia una extensa y fundamentada demanda y pedido de inconstitucionalidad del Decreto 196, que impone el aumento salarial del 17%. Según la fundamentación jurídica, el gobierno de la Provincia viola los principios de propiedad, de progresividad y libertad en la negociación colectiva en el empleo público, de justicia social y también los tratados internacionales en materia de derechos laborales. Además, fundamenta, con los índices oficiales de precios al consumidor (IPC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de San Luis, la falta de correlación entre lo decretado y lo realmente abonado. Aporta además bonos de sueldo de trabajadores estatales que demuestran que el incremento de 17% no es tal.

 

La presentación solicita además que un perito o cuerpo contable requiera a la Subdirección de Liquidaciones de la Contaduría General de la Provincia información detallada sobre el supuesto aumento del 17% y la afectación que ha producido en el bolsillo de los agentes el aumento por decreto impuesto el año pasado por el Poder Ejecutivo y el Acuerdo Salarial celebrado y homologado mediante el Decreto 196.

 

Esta «diferencia» entre lo declamado por el Poder Ejecutivo (17%) de aumento y lo que realmente se pretende abonar (13%) –sumada a la pérdida del salario del año 2015 a la fecha– es la base de la presentación. Por ello también se solicita que se adecuen y se abonen los montos en función de la pérdida adquisitiva real del ingreso de los trabajadores del Estado.

 

Documento presentado:

 

 

Prensa SITEA, mayo de 2017.