El título invitaría a pensar que se trata de una pregunta retórica, pero no es así. Las paritarias tienen historia. Una historia de lucha, compromiso y militancia.

Las reuniones, a las que usualmente denominamos “paritarias” y que año a año los trabajadores  seguimos con atención,  provienen de un largo proceso de lucha que dio como resultado la institucionalización de las negociaciones entre la parte patronal, los trabajadores representados por sus organizaciones sindicales y el Estado como mediador, lo que se denominó Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT).

 

La negociación colectiva encuentra su primer antecedente normativo en la ley 14.250 de 1953 denominada de “Contrato de Trabajo” y fue incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 14 bis en la reforma del ’57.

 

Las convenciones colectivas son, entonces, ámbitos legales en el que se discuten, negocian y acuerdan condiciones de trabajo que incluyen el salario, escalafón, horarios, modos de contratación y todo lo concerniente con la relación laboral.

 

De todas maneras, en la normativa mencionada no se incluyó a los trabajadores estatales en razón de que la relación de empleo establecida entre la patronal-Estado y el trabajador no se consideraba un vínculo contractual análogo al que existe entre un trabajador industrial (por ejemplo) y el empleador o propietario de la industria. El trabajador estatal era considerado un “servidor”. Aún hoy, luego y a pesar de las largas luchas de los y las estatales, se nos sigue mencionando como “servidores públicos” y en el mejor de los casos “empleados públicos”.

 

No considerar al trabajador público como trabajador/a tiene su origen en la necesidad de la patronal representada por “el gobierno” de mantener el control de la administración, privando de derechos a quienes allí ejercen sus tareas, en consecuencia, la lucha de los trabajadores estatales fue, en un principio, para obtener el estatus de trabajador.

 

“Además de reproducir el carácter tutelar dominante en las relaciones laborales entre los estados y sus planteles, en Argentina influyó la periódica instauración de regímenes dictatoriales que aplazaron posibles avances en este sentido. Por ejemplo, mientras que en varios países se concretaron progresos desde mediados de los 1970s en procura de un trato paritario entre el estado y sus empleados, en Argentina el gobierno militar instaurado en 1976 sancionó a través de la Ley 22.140 el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, con un marcado sesgo autoritario en sus disposiciones. Promulgado en 1980, este cuerpo de normas impedía constituir convenciones colectivas en la administración pública pues consideraba a sus empleados como prestadores de servicios a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, no como trabajadores con derechos colectivos.” (Negociación Colectiva en el Sector Público, Mirta BRUNO, La Plata, 2004)

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) produjo el Convenio 154 en 1981 que impulsó el fomento de la negociación colectiva aún para los trabajadores de la administración pública. Recordemos que en ese año el país se encontraba gobernado por la dictadura militar, por lo que Argentina no suscribió el Convenio a pesar de ser un estado-parte. Será recién bien entrada la democracia, en 1988, que el gobierno ratifica el convenio.

 

Sería el compañero Germán Abdala (Secretario General de ATE, Capital y Diputado Nacional) el autor del primer proyecto de ley de Convenciones Colectivas de Trabajo para trabajadores del Estado, sancionada en diciembre de 1992 bajo el número 24.185 “que definió las disposiciones por las que habrían de regirse las convenciones colectivas en ese ámbito. Esto se concretaría a fines de 1998 con la firma del Primer Convenio Colectivo de Trabajo General del Sector Público Nacional y cuya homologación fue reglamentada a través del Decreto 66, en febrero de 1999.” (ídem)

 

Aún luego de la sanción de esta ley –y la adhesión de nuestra provincia una década después- la disputa por garantizar la negociación libre de las condiciones de trabajo, no se alcanza a obtener en su plenitud. Las limitaciones presupuestarias, la resistencia de un gobierno neoliberal-autoritario que amenaza con “suspender” las negociaciones, configuran un panorama que requiere la atención de las organizaciones y de todos los trabajadores.

 

Dice al respecto Mirta Bruno que “la cuestión de la fijación de salarios mediante la negociación y su relación con las normas presupuestarias y la planificación de gastos públicos ha motivado diversas controversias. Lo cierto es que ni la Comisión de Expertos ni el Comité de Libertad Sindical han admitido que el órgano parlamentario rechace lo acordado en un convenio o impida la aplicación de un laudo.”

 

En consecuencia, podemos apreciar que el tema “paritarias” no es una concesión graciosa de los gobiernos, ni un hecho fortuito producto de el avance de fuerzas ajenas a los trabajadores; sino que por el contrario, es el resultado de décadas de luchas protagonizadas por personas reales, movilizadas, en las calles.

 

En razón de esto, no debemos minimizar ese instrumento y acompañarlo con presencia y compromiso de clase, compromiso con nuestros pares, con nuestros compañeros y compañeras.

 Beto Lanatti