El lunes pasado, 25 de septiembre, desde la Subsecretaría de Infraestructura del super-Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, se elaboró un Memorandum Informando a "todo el personal ligado a la administración de contratos de obra" que serían objeto de una evaluación de conocimientos en la Administración de contratos (destacado en el original).

Esa evaluación se llevaría a cabo en el día de ayer, 27 de septiembre en dos instancias en las que "rendirían" por una parte, 19 compañeros y compañeras y por otra 20 con una diferencia de 30 minutos y en distintos ámbitos del superministerio.

Desde SITEA tomamos conocimiento de la situación gracias a la información que nos hicieron llegar lxs afectadxs e inmediatamente, al conocer el texto del memo aludido, propusimos en la asamblea realizada el martes 26 en el hall central de la Casa de Gobierno, movilizarnos en solidaridad con los trabajadores de ese ministerio y teniendo en cuenta la evidente y grosera ilegalidad e ilegitimidad de dicha disposición. 

Como podemos apreciar en el texto del memorandum plantea una evaluación obligatoria, para lxs 39 compañerxs mencionados en ese mamotreto exasperante y falto de todo sustento normativo.

Todo funcionario de la Administración Pública Provincial debería saber que el memorandum es un recurso destinado a comunicar disposiciones oficiales, pero no puede ni debe eludir fundamentar lo pretendido con la mención de una norma que le confiera la inexcusable "legalidad" del acto administrativo. Así entonces, vemos que en la orden impugnada no se hace ninguna mención a ninguna norma legal: resolución, decreto o ley que le asigne legalidad y legitimidad a tan irregular artefacto.

El mismo día en el que se produciría la "evaluación" pretendida, lxs compañerxs de distintos sectores de la Administración Central, junto a los mencionados en el memo, nos constituimos en asamblea en el 6° piso del cuerpo central de la Casa de Gobierno (sede del Ministerio) y decidimos solicitar explicaciones frente a esta maniobra que consideramos en principio ilegal.

Planteamos nuestros reclamos que acabamos de mencionar, sumado a que el Estatuto del Empleado Público -Decreto-ley 560/73 no dispone en ninguno de sus artículos la posibilidad de evaluar al personal ni de manera sorpresiva ni bajo ninguna circunstancia, quedando facultado -y es un deber- de la patronal capacitar a lxs trabajadorxs y recién luego abrir la posibilidad de producir evaluaciones.

Desde esta perspectiva se planteo la absoluta nulidad de ese memorandum que adolece de un vicio insalvable como es el de no estar fundado en normas vigentes contradiciendo la ley que rige nuestra relación laboral cual es el Decreto 560/73.

El subsecretario -Daniel Chicahuala, ex alto funcionario de Odebretch-Brasil- negó que se estuviera obligando al personal a rendir una evaluación, manifestó que necesitaban conocer las necesidades de capacitación para los trabajadores del área de Inspecciones de obra, expresiones que se contradicen alevosamente con el texto del memorandum.

El mismo funcionario se comprometió a modificar el memorandum, dijo que la evaluación (especie de encuesta) era voluntaria y anónima.

Consideramos, para terminar, que la celeridad en las acciones encaradas por los trabajadores del área y el compromiso manifiesto de nuestra organización, logramos, entre todxs revertir esta avanzada sobre los trabajadores que, quien sabe, qué consecuencias perjudiciales podría haber traído a lxs compañerxs acciones de este tipo, perpetradas por un gobierno indudablemente antiobrero y pro-empresarial.

Sabemos también que no está todo dicho, obtuvimos una victoria parcial, si es que puede llamarse así. Estos funcionarios, por sus orígenes, saben bien lo que tienen que hacer y en ese menú de beneficios no estamos incluidos lxs trabajadorxs, por lo que deberemos estar alertas ante previsibles y posibles medidas como la que acabamos de hacer caer.