El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) cuestionó mediante un escrito el convenio entre el Gobierno, ATE y UPCN sobre los concursos de ingreso a la Administración Pública. Asimismo, el gremio estatal pone bajo la lupa un evidente acuerdo o arreglo entre la patronal –en este caso, los administradores de turno del Estado mendocino, es decir la gestión Cornejo– y los dos gremios que firmaron a la baja y renunciaron así a derechos adquiridos.

El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) solicitó la impugnación del acuerdo entre el gobierno y los gremios ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación). La presentación alude al «acta acuerdo celebrada el 8 de setiembre de 2017 en la Subsecretaria de Trabajo y Empleo (Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia), entre representantes de ATE y UPCN, donde se expresa que se ha realizado la presentación en el expediente de referencia, del proyecto final modificatorio de la Ley 970, sobre el Régimen de Concursos».

SITEA sostiene que el hecho de no haber sido convocado viola el principio de libertad sindical. Además, afirma que el «acuerdo» desconoce el principio de progresividad, al indicar: «La negativa a permitirnos discutir cualquier modificación sobre la legislación pública laboral constituye una actitud regresiva y en franca violación al principio de progresividad que se desprende de la Constitución Nacional. Lo grave es que quien lesiona la norma en cuestión resulta ser el propio Estado a través de su Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. En efecto, el principio de progresividad establece que ningún cambio se puede realizar que implique una disminución o pérdida de un derecho, y en su caso, los cambios o modificaciones son sólo admisibles si son más beneficiosas para el trabajador. Es más, el Estado debe propiciar las mejoras o reformas que contribuyan a respetar los derechos enunciados por el sistema legal (leyes de fondo, estatutos especiales, convenios colectivos y laudos con fuerza de tales), en cuanto a su calidad y extensión, y debería adicionar los medios o mecanismos para que gradualmente, los derechos no sólo se apliquen, sino que además incorporen nuevos elementos en beneficio del trabajador».

El acuerdo entre ATE, UPCN y el gobierno viola también el principio de los actos propios. Esto quiere decir que el gobierno, al no convocar a SITEA, contradice sus propios actos, ya que el gremio ha participado anteriormente en acuerdos paritarios con el gobierno, junto con los otros gremios.

El escrito de SITEA sostiene que el gobierno viola también el «derecho protectorio y de irrenunciabilidad» y afirma que «el acuerdo al cual se accedió constituye una regresión en los “derechos adquiridos” de nuestros representados, violatorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional, y especialmente del Principio Protectorio y de Irrenunciabilidad».

 En cuanto al contenido de las modificaciones a la ley, entre otros cuestionamientos, SITEA manifiesta: «Interpretamos que el espíritu de la nueva ley es darle más autoridad y protagonismo al Poder Ejecutivo en el proceso de llamado de los concursos disminuyendo la representación de los sindicatos y eliminando la representación del personal elegido por asamblea de todos los trabajadores en las comisiones de concurso. Por otra parte, el hecho de que ahora las comisiones de concurso sean permanentes y se eliminen la Junta Examinadora y el Consejo de Notables pone en jaque la transparencia de los llamados. Además, la introducción de una evaluación psicológica con puntaje en el orden de méritos final se presta a manipulaciones de los resultados por su falta de objetividad».

 La presentación de SITEA lleva las firmas del secretario general, Federico Lorite, y del secretario de Finanzas, Víctor Hugo Dagfal.

 

SITEA Prensa, setiembre de 2017.