Pretenden exigir el libre deuda de impuestos provinciales a los estatales.

 

El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) presentó esta mañana ante la Justicia un pedido de no innovar contra el Decreto 1267 del Ejecutivo provincial. Como se sabe, esa norma pretende exigir a los trabajadores estatales que estén al día con sus impuestos provinciales, y en caso contrario, habilita a reducir remuneraciones e inclusive a no renovar contratos. La presentación se reserva plantear el caso ante el ámbito federal, “por violación de normas legales nacionales, convenios y tratados internacionales sobre el instituto de la negociación colectiva”.

El escrito presentado por SITEA, de 35 páginas, es abundante y preciso en fundamentaciones jurídicas sobre los derechos y los acuerdos laborales, y señala que el decreto del Ejecutivo es inconstitucional y viola los principios de propiedad, progresividad, razonabilidad, justicia social e igualdad.

Entre otros pasajes, señala la presentación legal de SITEA: “En una sociedad democrática, se torna un acto no sólo antidemocrático en su formación sino ilegal por lo persecutorio, discriminatorio  propio de otras épocas donde en el país reinaba la intolerancia”. Señala también que los salarios bajo la forma de contraprestación a cargo del Estado, están por debajo de la Línea de la Pobreza; que se produce un ejército de nuevos “pobres” que ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta básica de una familia tipo”. Y detalla “datos objetivos de los propios organismos estatales, que acreditan el deterioro salarial producido desde la asunción del presente gobierno, a niveles absolutamente confiscatorios y violando todo principio de progresividad”.

Más adelante, afirma que con una “norma absolutamente oscura, pretende desprenderse de gran parte de los contratados, o dejan de pagar adicionales o suplementos a los agentes de planta permanente”. Y profundiza: “Es que la insensibilidad social de este Gobierno no encuentra parangón. No es que el ciudadano común no debe honrar sus deudas para con el fisco provincial, esté vinculado con el Estado o no lo esté. De ahí, a extorsionar a que mantenga su fuente de trabajo y sustento diario previa acreditación de ‘libre deuda’, sí resulta inmoral e incompatible con la recta razón, el bienestar general, el bien común”.

También explica la denuncia quelos trabajadores ven afectados sus derechos al haberse modificado unilateralmente su situación laboral (fuente de su relación contractual laboral)”.

SITEA sostiene que “la norma violenta de forma palmaria lo establecido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, la estabilidad del empleado público, un concepto que excede la permanencia en el puesto de trabajo, en el caso de los agentes en planta y se irradia hacia el mantenimiento de sus condiciones laborales. En cuanto a los contratados, igual consideración cabe cuando no se hace un análisis particular de cada situación y se generaliza las consecuencias sin discriminar el tiempo y las características de la relación que lo vinculan con el Estado. El que huelga decir en la mayoría de los casos constituyen una relación de empleo público encubierta”.

 Por último, el escrito pide reserva de “plantear el caso federal por violación de normas legales nacionales, convenios y tratados internacionales sobre el instituto de la negociación colectiva”. Este martes, a las 10, SITEA realizará una asamblea informativa en la ATM.

 Prensa Sitea

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